Ramón Álvarez de Miranda reconoció ayer que el Tribunal de Cuentas que preside contrata familiares, lo que choca con la objetividad y el mérito que debe regir en el empleo público. Esta malas prácticas rechinan con su papel de fiscalizador de los poderes del Estado. Los informes del Tribunal concluyen años después del periodo que controlan, lo que contribuye a diluir la responsabilidad política. La selección de personal afín cuestiona la profesionalidad y la independencia de la institución. No basta con hacer una auditoría. El Tribunal de Cuentas tiene que reformarse y empezar por el nombramiento de sus órganos de Gobierno, que han de ser independientes de aquellos a quienes controla, salvo que quiera perpetuarse como una institución decorativa y costosa.
