Las aguas en del PP andan revueltas. La presentación de la reforma fiscal ha desatado un fuerte enfrentamiento entre los populares, especialmente los barones. Critican que más que una rebaja de impuestos, la propuesta de Montoro pasa por una redistribución de la recaudación que carga precisamente contra los votantes del Partido Popular, que ya les han dado la espalda en las elecciones europeas con su abstención.
Los comicios autonómicos y generales están a la vuelta y no pueden ni quieren correr el riesgo de que una medida impopular, como es que el Gobierno grave las indemnizaciones por despido para salarios anuales superiores a los 20.000 euros, les reste más votos. Algunos barones del PP que se sitúan en esta línea piden que se duplique el límite exento de tributación o que directamente no se grave fiscalmente la indemnización por despido.
Parecen ignorar que es una medida que, a excepción de Francia, se aplica en el resto de Europa. La presión política sobre Hacienda es muy fuerte. Sin embargo, no va a ser fácil que Montoro cambie de idea. Con esta medida se quieren evitar los pactos entre empresas y trabajadores, una práctica desgraciadamente habitual que perjudica al mercado de trabajo.
Gravar la indemnización por despido es una manera indirecta de abaratar el coste del desempleo, ya que ha faltado decisión para hacerlo directamente como pedían Bruselas y el FMI. También puede ser un alivio para las arcas de la Seguridad Social, si el Gobierno a cambio de los mayores ingresos que obtenga asume las pensiones no contributivas. Las reformas nunca deben responder a intereses partidistas sino a las necesidades del país. El Gobierno no debe ceder a las presiones.
