El anteproyecto de ley del IRPF presentado por el Ejecutivo y que prevé que en España empiecen a cotizar las indemnizaciones por despido para salarios anuales superiores a los 20.000 euros ha levantado las críticas de quienes consideran que Hacienda "hace negocio" con los desempleados.
Sin embargo, es la práctica habitual en todos los países de la UE ya que, a excepción de Francia, estas indemnizaciones se consideran un rendimiento del contribuyente y como tal están sujetas a retención. Los sindicatos aseguran que con esta nueva medida se ahonda en el reparto desigual de las cargas de la crisis y se incide dos veces sobre los trabajadores más débiles. Pero la realidad es muy diferente.
Hacienda quiere evitar con esta fórmula los pactos entre empresas y trabajadores, una práctica desgraciadamente muy habitual que enturbia el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Además, en contra de lo que se dice, es una medida destinada a indemnizaciones pactadas y no afecta al 80 por ciento de las que se corresponden con lo establecido legalmente. El Fisco no es ciego, y sabe que muchos trabajadores tienen pactos de indemnización, que a veces se disfrazan para burlar la tributación.
Esta actuación, que nos equipara con los países de nuestro entorno (Francia es la excepción, lo cual es significativo), es una forma indirecta de abaratar el despido. Una medida impopular que el Gobierno no se ha atrevido a tomar directamente y que hace que Bruselas y el FMI insistan en ahondar en la reforma laboral. Las conversaciones que pueda haber con los sindicatos al respecto deben tener en cuenta el ejemplo de otros países. Ser una excepción en este sentido no va a contribuir a reducir el paro.
