Es evidente que la reforma del sector público que el Gobierno dice que está llevando a cabo ni tiene calado ni está teniendo ningún efecto práctico. Un ajuste presupuestario no es lo mismo que una reforma del sector público.
Como demuestra el hecho de que en un momento en que las inversiones en I+D+i se han visto muy afectadas por los recortes, el Tribunal de Cuentas denuncia que siete fundaciones estatales, varias de ellas dedicadas a la investigación, tuvieron sobrecostes añadidos, no ejercitaron el control debido sobre los proyectos que adjudicaron y arrojan cuentas poco transparentes.
Los problemas se dan en los procedimientos previos a la adjudicación de los proyectos y también en su seguimiento posterior. Las críticas del tribunal denotan una falta de control, que debería ser corregida de forma inmediata, y una ausencia de planteamiento global sobre el control del gasto público. Los expertos en Administraciones Públicas denuncian la necesidad de establecer criterios homogéneos sobre el coste de los servicios, algo que permitiría una mejor fiscalización y comparación entre las distintas administraciones.
A esto hay que añadirle la falta de comprobación posterior. El sector público realiza a través de la Intervención un control previo del gasto, que sirve para saber si se cumplen los requisitos exigidos y si hay partida presupuestaria aprobada para cubrir el gasto correspondiente. Falta una auditoría posterior que para que fuese realmente efectiva debería ser realizada, al estilo anglosajón, por un organismo independiente de la Administración. Estos son algunos de los cambios de calado que no se han hecho y sí representarían una auténtica reforma del sector público.
