Un informe de la agencia Moody's estima que las CCAA tardarán todavía tres años en poder acceder a los mercados. El horizonte puede ser más largo si no consiguen embridar las cuentas. Las autonomías, a juzgar por el incumplimiento de déficit y deuda en 2013 de algunas, tienen difícil reconducir la situación si no acometen reformas profundas.
De aquí a 2017 van a necesitar un total de 87.000 millones para contener el agujero presupuestario y afrontar pagos. A ello se une que a partir del próximo mes de septiembre tienen que empezar a devolver al Estado el importe del primer Plan de Pago a Proveedores y en marzo de 2015 también comienzan a retornar lo recibido del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hacienda estableció este último fondo para financiar a las CCAA, a las que se había cerrado el acceso a los mercados. Nadie se fiaba de unas administraciones que, si hubiesen sido empresas, estarían quebradas.
El informe de Moody's representa un toque de atención, tanto para el Estado como para las CCAA. El Gobierno se puede ver obligado a instrumentar nuevos fondos si, como sucedió el año pasado, algunas autonomías, las que tienen más problemas, siguen incumpliendo objetivos. Se da la paradoja de que a pesar de que baja el coste de financiación, seguimos aumentando nuestro nivel de endeudamiento. Una situación ahora soportable por los tipos bajos, pero que puede ser inasumible cuando empiecen a subir. Por su parte, las CCAA han hecho ajustes pero no reformas, por eso no acaban con el déficit y aumentan más la deuda. Se engañan con el oxígeno financiero de Hacienda, que incomprensiblemente se muestra satisfecha cuando debería tomar medidas y poner coto al problema.
