La tarea más complicada de Cristóbal Montoro es hacer la reforma fiscal al mismo tiempo que rebaja el déficit -en el último año fue del 6,6%- y con una deuda de prácticamente el 100% del PIB. Una reforma tributaria en profundidad supone disponer de recursos para tomar las medidas que serían necesarias para impulsar la economía. Entre otras cosas, bajar impuestos. Este paso inicialmente puede provocar una bajada en la recaudación, que pronto se ve compensada por el aumento de contribuyentes y de actividad.
Sin embargo, Hacienda no se puede permitir ese riesgo por un planteamiento equivocado desde el inicio. Una transformación importante como la que sería necesaria precisa una visión de conjunto de los ingresos y los gastos. Al mismo tiempo que se rebajan impuestos y cotizaciones se procede a una reordenación del gasto público.
Aquí es donde falla todo el esquema, porque el Gobierno se resiste a llevar a cabo la necesaria reforma de las Administraciones Públicas. El resultado, si el Ejecutivo no cambia de planteamiento, es que se van a subir unos impuestos para poder bajar otros, lo cual limará los efectos de la reforma fiscal sobre la actividad económica y sobre la propia recaudación que quiere incrementar. Con la subida de nuevos tributos ambientales y del IVA sanitario, se compensarán los menores ingresos por Sociedades. La bajada del tipo impositivo a las grandes empresas se acompaña con una supresión de deducciones que neutralizará el efecto de la reducción de tipos. Aún así, las grandes compañías ya estaban tributando realmente a un tipo del 13% y quien necesita ayuda son las pymes que se quedan como estaban. La reforma quedará coja si el Gobierno no actúa sobre el gasto.
