El sistema de arbitraje y los tribunales poco a poco van abriendo paso a la verdad sobre la comercialización de preferentes. Estas participaciones, utilizadas por las cajas para reforzar capital, fueron ofrecidas con engaño a muchos clientes minoristas sin informarles sobre las características del producto en que invertían. Ni el Banco de España ni la CNMV velaron por el buen funcionamiento del mercado y la defensa de los inversores. La protesta de los preferentistas, que con la debacle de las cajas perdieron sus ahorros, forzó una respuesta de los nuevos gestores de los bancos surgidos tras la reforma del sistema financiero.
En total más de medio millón de clientes minoristas recurrieron al arbitraje para recuperar 9.772 millones y se presentaron 27.306 demandas en los tribunales por 1.634 millones. Las resoluciones de los jueces son abrumadoras y evidencian lo mal que se gestionó este asunto. De los recursos vistos hasta la fecha por la Justicia, sólo un 5% ha dado la razón a las entidades y el 62% se ha resuelto a favor de los clientes. De las solicitudes de arbitraje, al que se sometió el 80% de los preferentistas, un 57% ya ha recibido un laudo positivo.
La indignación de los clientes afectados se ha ido calmando a medida que se han abierto vías para recuperar su dinero y se les ha dado la razón por el engaño sufrido. El escándalo de las preferentes parece estar llegando a su fin, pero es tan solo un capítulo en la historia del hundimiento de las cajas de ahorros. Los tribunales empiezan a exigir responsabilidades a los gestores de las antiguas cajas venciendo con grandes dificultades las presiones para que algunos se libren de rendir cuentas por los desafueros cometidos.
