En el informe que Industria ha enviado al Consejo de Estado sobre ayudas públicas a las renovables se estima en 200.000 millones el coste total de las primas hasta el final de su vida útil. De esa cantidad, hasta 2013 se habían desembolsado 56.294 millones en subvenciones. Las cifras ponen de manifiesto los graves errores de planteamiento que se han cometido con el desarrollo de esta fuente de energía, cuyo coste demuestra que no se calculó lo caro que podía resultar. Es hora de clarificar criterios sin olvidar la seguridad jurídica que como país debemos ofrecer a las empresas por los compromisos adquiridos. La política energética para el futuro exige una mayor eficacia en el gasto y una mejor planificación de los recursos.
