Durante mucho tiempo autónomos y pequeñas empresas reclamaron a Hacienda que les permitiera pagar el IVA sólo cuando cobraban la factura y no cuando la emitían. El objetivo era no anticipar el pago del impuesto. Sin embargo, una vez que la iniciativa se ha puesto en marcha sólo se han apuntado a esta modalidad un 4% de los autónomos y pymes que pueden acogerse a ella.
Apenas 25.000 autoempleados y 37.000 pequeñas empresas. Un número ridículo en el que priman los emprendedores que trabajan principalmente con la Administración Pública. En este fiasco pesan diferentes factores. En primer lugar, la complejidad de trámites administrativos a que obliga su adscripción. La Agencia Tributaria debe velar por el control de las actuaciones, pero con igual celo debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes. Un elemento generalmente olvidado que en este caso brilla por su ausencia.
Un segundo aspecto desincentivador lo constituye el Plan de Pago a Proveedores, cuya eficacia ha aliviado las tensiones de caja de pymes y autónomos y no hace tan perentorias sus necesidades de liquidez. Pero lo que influye de forma decisiva en el rechazo del IVA de caja son las presiones de los clientes -empresas de mayor tamaño-, que en algunos casos han advertido de que prescindirían de sus servicios o se lo repercutirían en el precio. La razón es que el nuevo sistema les quita margen financiero de maniobra. Para Hacienda este fracaso es una mala noticia relativa, pues el IVA de caja supone adelantar la devolución del impuesto. Ello explica la tardanza en regularlo y que la Agencia no haya anticipado los problemas que ahora provocan el rechazo de sus hipotéticos beneficiarios.