Fomento ha hecho su última oferta a las concesionarias de autopistas que se encuentran en quiebra. Se trata de un rescate que realizarán a cabo al 50% los seis grandes bancos acreedores y el Estado. Los primeros aceptarían una quita de la mitad de la deuda que con ellos tienen estas sociedades -3.800 millones- y los contribuyentes asumirían el resto.
Las autopistas quedarían en manos de una sociedad cien por cien pública. La banca acreedora se asegura el cobro de un 50% de la deuda y la posibilidad de liberar la mitad de las provisiones que hizo. Algo que le viene bien en un año de exámenes al sector.
Ahora las concesionarias tienen una semana para responder, aunque negarse supondría ir directamente a la quiebra. Situación en la que el Estado tampoco se libraría de pagar un alto coste. Según calcula el sector, la Administración tendría que asumir unos 5.000 millones de responsabilidad patrimonial, además de las derivas judiciales que se podrían desencadenar.
Ana Pastor tiene el apoyo de la patronal. Seopan considera que la constitución de una sociedad concesionaria pública puede ser la solución menos gravosa para el interés público y evita importantes perjuicios a las empresas afectadas. Si se constituye una sociedad totalmente pública, el Gobierno evita que Bruselas considere ayuda de Estado el rescate, algo que si pasaría si las concesionarias participasen en la nueva empresa.
Pastor ha vencido también las reticencias de Montoro pues el 50% del Estado no será considerado ni déficit ni deuda, al pagarse en un bono a 30 años. La oferta de Fomento es la solución menos mala para los contribuyentes, aunque puede abrir la puerta al pago por uso de las carreteras.
