La reforma de la formación está resultando más aparente que real y no soluciona los problemas de fondo que han dado lugar a que la subvención a los cursos se convirtiera en un foco de corrupción para financiar a patronal y sindicatos. Es cierto que se aumenta hasta el 80% la cuantía destinada a formación directa por parte de las empresas, cuando ahora es el 60%. Sin embargo, patronal y sindicatos van a mantener como hasta ahora la gestión de la formación, aunque pierdan su ejecución.
Esto significa que en gran medida van a seguir siendo juez y parte de los cursos que se impartan. Ahora deciden qué preparación demanda el mercado laboral y además son los agentes sociales quienes dan los cursos y reciben la ayuda. Con la reforma siguen fijando las directrices de la formación que se precisa; no pueden impartirla directamente, pero sí pueden presentar sus empresas al concurso abierto.
Al decidir qué cursos son necesarios, cuentan con una ventaja sobre el resto de empresas. Cabe la posibilidad de que primen los programas en los que sus escuelas están mejor posicionadas para competir. El diálogo social no debe ser una pantomima para que sus integrantes junto con el Gobierno se hagan una foto. Patronal y sindicatos son necesarios, pero precisan una profunda renovación tanto de sus cuadros de mando como de su sistema de financiación.
No pueden seguir cobijándose en las ayudas que se instauraron en la Transición y han de buscar sus propias fuentes de ingresos. Es tiempo de romper con la dependencia de las subvenciones públicas, sin subterfugios para que todo siga igual aunque se dé la apariencia de cambio. El Gobierno no debe encubrir sino impulsar esta renovación.
