La propuesta del informe Lagares en materia de Seguridad Social no se entiende si no es que está dirigida a acabar con el sistema público de pensiones. Proponen estos expertos suprimir los límites de las cotizaciones y de las pensiones máximas. La justificación es que la pensiones tengan una mayor correspondencia con el salario que los trabajadores obtienen durante su vida laboral. Para conseguirlo se sugiere la creación de un impuesto sobre nóminas, hasta el punto de que Hacienda pudiera utilizarlo como una herramienta de política económica.
Esto supondría un cambio radical en relación con el sistema de protección social actual y con los existentes en nuestro entorno. Más parecidos a un sistema de seguro en el que las aportaciones del presente aseguran las prestaciones del futuro. En el planteamiento del informe Lagares, las cotizaciones se convierten en un tributo que acabaría difuminándose con el IRPF. Los impuestos no están sujetos a una finalidad concreta, como es pagar las pensiones de jubilación o incapacidad temporal. Es el Gobierno quien plantea cómo se lleva a cabo el reparto de los ingresos en sus presupuestos. El informe se completa con la eliminación del tope máximo de las pensiones -2.554 euros mensuales en 2014-, lo que convierte el sistema en insostenible. Los expertos del informe Lagares podrían haber explicado claramente que su propuesta es acabar con el sistema de pensiones actual.
Es una opción entre otras muchas, aunque se trata de un dislate. No es tan sencillo como dicen transitar de un sistema de cotizaciones a un impuesto. ¿Se olvidan de los derechos adquiridos por años de cotización y el impacto social que tendría? Y ni siquiera dan la alternativa de fomentar los planes privados.
