El Gobierno insiste en la profundidad de la reforma del sector público realizada. Señalan ajustes en el gasto y supresión de entes públicos. Sin embargo, se vuelve a confundir recorte con reforma. El Ejecutivo desconfía del personal de la administración y contrata el asesoramiento externo para llevar a buen puerto, con gentes de confianza, su tarea de gobierno. Esa suele ser la explicación seudooficial.
La real es que por esta vía se da salida laboral a muchos compromisos de partido, de amigos y de familia. Entre enero y noviembre de 2013 el gasto en personal eventual -asesores de libre designación- se incrementó un 7,5% en relación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, 32 millones más destinados a pagar asesores.
El problema no es la cuantía en sí misma, ni que el incremento se deba a que a los asesores se les paga más mientras al resto de personal se le congela el sueldo. El gasto aumenta porque se ha seguido contratando asesores, mientras se reducía el resto de personal. Un agravio comparativo que carece de explicación lógica.
En los ministerios no se está respetando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que delimita el número de asesores de cada departamento. Además, para ahorrar y dar ejemplo, se podría haber reducido el personal eventual de las plantillas y limitarlo al máximo. Mientras persista esta cultura entre la clase política y no se eche mano de los funcionarios que tienen una elevada preparación para tareas de asesoramiento, no se podrá decir que se ha efectuado una reforma del sector público. El verdadero cambio es lograr una administración eficiente con un personal competitivo e incentivado profesionalmente.
