La juez Alaya pidió ayer una fianza de 30 millones a Magdalena Álvarez al situarla en el centro del sistema fraudulento de gestión de dinero público andaluz en el caso de los ERE. Esta fianza -para tratar de recuperar la mayor parte posible de lo defraudado- pone en evidencia la laxitud del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que Álvarez es vicepresidenta, a la hora de aplicar su código ético. También sonroja que el pasado mes de octubre la junta de Andalucía y, sobre todo, la Fiscalía miraran hacia otro lado y no exigieran, al igual que hizo Manos Limpias, la imposición de la fianza. Hace pensar en componendas políticas entre PP y PSOE para lavar sus trapos sucios sin publicidad ni renuncia a puestos clave. Álvarez debe dimitir del BEI.