Las medidas que el Gobierno aprobó el pasado viernes para evitar la liquidación de empresas tienen la virtud de flexibilizar el procedimiento y se han hecho desde un punto de vista muy pegado a la realidad. Se ha tenido en cuenta la experiencia práctica y eso se nota. Es una norma que, una vez resuelto el saneamiento financiero, viene a solucionar el problema de los créditos industriales. ¿Cuál es el fallo que puede hacer que este nuevo intento de frenar la liquidación de sociedades no funcione? La respuesta es que no se va a poder aplicar a las pymes.
La norma da una alternativa a grandes empresas con problemas de liquidación, pero no resuelve la situación de las compañías de pequeño y medio tamaño con situaciones graves de liquidez. La causa estriba en que el Real Decreto no contempla los créditos públicos de Hacienda y la Seguridad Social, que no sólo mantienen el orden de prelación para ser los primeros en cobrar, sino que -esto es lo principal- siguen sin admitir quitas como sí lo van a hacer el resto de acreedores. La cuestión es que la mayor parte de la deuda que acumulan las pymes se concentra en los impuestos y en las cotizaciones sociales.
En los primeros trabajos de elaboración de este decreto ley se planteó la posibilidad de que Hacienda y Seguridad Social admitieran esas quitas. Esta idea contó con la oposición frontal de Cristóbal Montoro. La intransigencia del titular de Hacienda al respecto se entiende porque para el Estado la lucha contra el déficit es prioritaria y Montoro no quiere que se le abra ninguna vía por la que se le puedan desequilibrar las cuentas. Un argumento razonable, pero que resta el efecto que se perseguía para evitar liquidaciones entre pymes.