La economía sumergida representa en España entre el 20% y el 25% del PIB, mientras el sistema tributario da síntomas de agotamiento por la pérdida de ingresos. El Tribunal de Cuentas pone el dedo en la llaga de este problema: no sólo es la economía sumergida es que, además, el 83% del fraude detectado está pendiente de cobro. Ello indica que falta de eficiencia en la Agencia Tributaria, sobre todo por la falta de medios materiales y humanos que padece y por la descoordinación con otras administraciones tributarias. Montoro debe dar respuesta a este problema coordinando la reforma fiscal, con el Estatuto de la Agencia Tributaria y la financiación autonómica. La lucha contra el fraude es coordinación y medios, lo demás palabras hueras.
