El Gobierno dará mañana un paso más para frenar la destrucción de empresas que ha conllevado la crisis. No es el primero desde la aprobación en 2011 de una nueva ley concursal que intentaba evitar que las empresas fueran a la liquidación al entrar en concurso. Tres años más tarde, y después de numerosas modificaciones, siempre con el mismo propósito, aproximadamente el 90% de las compañías que entran en concurso desaparecen.
La novedad principal del Real Decreto de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Comercial consiste en que el dueño de una empresa se verá obligado a aceptar los acuerdos de refinanciación hechos a medida de sus acreedores (banca y fondos de inversión, incluidos los fondos buitre). Ello implica acatar quitas o conversión de la deuda en capital. Esto último permitirá a los acreedores quedarse con la empresa aun en contra de la voluntad de su propietario.
En la mente de todos están las disoluciones por pérdidas de empresas inmobiliarias o los preconcursos de Pescanova, La Seda o Codere, que se verán afectadas por este cambio legislativo. La entrada de los acreedores en el capital de la sociedad facilitará su saneamiento y la recuperación de la deuda en el futuro. Esta medida también puede influir sobre el empleo al propiciar que se salve toda o, por lo menos, una parte de la plantilla. Sin embargo, abre la puerta a que acreedores, como los fondos buitre, se puedan hacer con empresas por esta vía fácil.
Un ejemplo reciente es el de Codere, cuyos dueños han acudido al preconcurso para no perder el control de la compañía. El cambio normativo quita capacidad de decidir al deudor y da demasiada fuerza para presionar a los acreedores.