La Generalitat trabaja en un nuevo impuesto a los bancos que tengan pisos vacíos, con el objetivo de que los pongan en alquiler. Las entidades sólo se librarán de pagar entre 850 y 1.650 euros anuales al Gobierno autonómico si sacan al mercado las 15.000 viviendas vacías que tienen en 70 municipios catalanes. En realidad se pretende, a petición de las administraciones locales, que las entidades cedan sus pisos vacíos para crear una bolsa social de vivienda en alquiler. Es la alternativa catalana al desahucio -recurrido al Constitucional- establecido por Andalucía. Este coacción fiscal a las entidades es un nuevo dislate que tampoco servirá para solucionar los graves problemas presupuestarios que la Generalitat no puede solucionar.