España cerró 2013 con un endeudamiento del 94% del PIB -961.555 millones de euros-. Con ello, el Gobierno ha cumplido previsiones, aunque no hay que olvidar que tuvo que revisar su estimación inicial para 2013 -91,4%- ante la imposibilidad de ceñirse a ese tope. Sin duda es un dato positivo, pero al igual que va a suceder con el déficit, que también se cumplirá, ha sido necesario derivar gastos y deuda al presente ejercicio para no rebasar las metas comprometidas.
En el caso de la deuda no se ha llegado al 100% del PIB a costa de retrasar el pago a proveedores. Ayer Cristóbal Montoro anunció por enésima vez en los últimos meses que desde hoy las CCAA ingresarán los 8.000 millones correspondientes al tercer plan de pago a proveedores. Hace aproximadamente un año se hizo un anuncio similar para la primavera, que luego se demoró al último trimestre del ejercicio y que, al parecer, se va a ejecutar ahora.
Todo este tiempo las administraciones deudoras se han estado financiando con un dinero, cuya falta de pago crea graves tensiones de liquidez a las compañías e incluso las lleva al cierre. En el mejor de los casos les hace perder oportunidades de negocio y competitividad. Aunque se salde esta deuda, el problema no quedará zanjado mientras las administraciones no cumplan con la Ley de Morosidad. Hace un año también se dijo que se reduciría a 30 días el plazo máximo de pago a proveedores. Una nueva promesa incumplida que hace perder credibilidad al Gobierno y que cuestiona cómo se cumplen los objetivos de déficit y deuda. No hay motivo para la complacencia cuando alcanzar las previsiones se hace a costa de los proveedores, con el perjuicio que supone para las empresas y la creación de empleo.