En Hacienda y en Moncloa se muestran satisfechos con los ajustes del sector público. Mariano Rajoy da por concluida la acción política en esta área. Sin embargo, no se ha solucionado el problema de fondo. Quizás porque el Gobierno nunca se planteó conseguir una administración más ágil, eficiente y económica. El interés de los cambios parciales realizados se ha centrado en los justos para reducir el déficit actual, al mismo tiempo que se mantiene la estructura para volver a engordar en cuanto la situación económica mejore. Se ha bajado el sueldo de los funcionarios y se ha prescindido de profesores y sanitarios, pero se mantienen las duplicidades de funciones y servicios porque prima el interés político en contra de la utilidad económica y social.
Además, se mantienen intocables las estructuras, como las empresas públicas, que permiten un amplio margen de maniobra para derivar déficit y facilitar empleo bien remunerado a los afines. Entre 2010 y 2012 los altos cargos de las empresas públicas dependientes del Estado -aquellos que ganan más de 3.200 euros al mes- crecieron un 10% y ya representan el 25% de sus plantillas. No ha sucedido lo mismo en CCAA y municipios, que redujeron altos cargos, aunque en todos los niveles de Administración se mantienen los mecanismos clientelares que restan ineficiacia, pero aseguran votos. Rajoy ha desaprovechado una oportunidad única de modernizar las Administraciones Públicas. Hay que reconocer que se han hecho algunos cambios, pero son parches para salir del paso. La transformación en las administraciones ha sido más aparentes que real. Una vez más los dirigentes políticos ofrecen el deplorable espectáculo de no modificar lo que les concierne.
