El Ministerio de Hacienda da por concluido el ajuste del sector público autonómico, después de haber reducido desde hace cuatro años un 31% el número de entes territoriales. La administración autonómica se reduce al tamaño de 2006, con un número total de 1.657 organismos públicos.
Parecen cifras significativas, tras el pico de 2.407 entes alcanzado en 2010. Sin embargo, más que una reforma se trata de un ajuste de trazo grueso centrado en alcanzar el objetivo de déficit. Algo positivo, pero claramente insuficiente. La reforma del sector público no ha respondido a un plan coordinado entre administraciones para ganar eficiencia.
Desde el Gobierno se han facilitado listas interminables de organismos y actuaciones, de estimaciones de ahorro, que Mariano Rajoy cifra en casi 8.000 millones. Casi el 50%, 4.042 millones, se atribuye al sector público autonómico. Pero ningún miembro del Gobierno ha dado una explicación clara de a qué, cómo y de qué forma afectan los ajustes y cómo se ha conseguido eliminar duplicidades y servicios ineficientes.
Por ejemplo, las universidades públicas atraviesan una grave crisis que les impide invertir más en excelencia e investigación, pero se siguen manteniendo facultades sin casi alumnos en algunas autonomías. Hacer una reforma del sector público exige un ajuste fino, preciso y coordinado. Y no se ha hecho.
En esta legislatura se ha perdido una oportunidad única, pues difícilmente un partido volverá a concentrar tanto poder en todos los niveles de administración. Ha faltado valentía para acabar con los privilegios y se ha ido a lo fácil. Ahora el Gobierno siente que se acercan elecciones, da por concluido el trabajo y deja escapar una ocasión irrepetible.
