El nuevo precio de la parte no regulada de la tarifa eléctrica irá ligado a la media del mercado mayorista (pool) a partir de abril. Según el Ministerio de Industria, se trata de eliminar la especulación y de que baje un 3 por ciento. Sin embargo, el departamento que dirige José Manuel Soria ha perdido una oportunidad de oro para marcar una hoja de ruta de cara a la liberalización eléctrica total que exige Bruselas.
Países como Alemania, Reino Unido, Austria, Noruega, Suecia, Holanda e Irlanda no tienen tarifas reguladas y pagan menos por el recibo de la luz que los españoles. Tampoco tienen déficit de tarifa. En España, el entramado de subvenciones que hay, en mayor o menor grado, para todas las fuentes de energía hace el sistema más caro y menos transparente.
No sólo se pagan primas a las renovables; se mantiene una minería del carbón que extrae un mineral más caro y de peor calidad que el importado, y las nucleares y las hidroeléctricas mantienen una retribución que siempre se ha cuestionado. El nuevo sistema no garantiza que se vaya a acabar con el déficit y, además, los usuarios no podrán saber a priori si la luz va a subir o bajar.
Hay que reconocer que en las actuales circunstancias es difícil proceder a la total liberalización. Hacerlo obligaría a cargar en los Presupuestos del Estado las políticas sociales y subvenciones que están dentro de la tarifa, porque suprimir derechos adquiridos por el sector conllevaría una gran litigiosidad.
Eso no significa que la opción que propone Industria deba perpetuarse. Se puede entender siempre que sea una opción temporal. Además, el Gobierno debería contemplar la posibilidad de delegar esta función en un organismo independiente, ajeno a las presiones.
