Las irregularidades y los casos de corrupción cada vez tienen más eco fuera de nuestras fronteras con el consiguiente deterioro de la imagen del país y, sobre todo, de quienes protagonizan tales escándalos. Cándido Méndez, líder de UGT, enfocó mal desde el primer momento los problemas de la Federación andaluza.
Tapar la corrupción no la oculta y lo sucedido en Andalucía pone de manifiesto los problemas de fondo del sindicato y las debilidades de un secretario general, que lleva demasiado tiempo ocupando ese puesto y ha perdido el pulso de lo que preocupa a los trabajadores. Mientras Ignacio Fernández Toxo toma buena nota de lo sucedido en UGT y adopta medidas para ir imprimiendo una mayor transparencia en las cuentas de CCOO, Méndez se atrinchera en el inmovilismo.
El problema es que esa táctica no da resultado y perjudica aun más a su organización. Principalmente le resta autoridad moral para defender los derechos de quienes dice representar. No se puede dejar pasar por alto, con un simple cambio de cara, el millón de euros que supuestamente UGT Andalucía ha destinado a fines ajenos a su cometido. No haber actuado en tiempo y forma hace sospechar de que no hay voluntad firme de acabar con este tipo de problemas, a pesar del duro golpe a la imagen de UGT que ha supuesto.
El último aviso proviene de la Comisión Europea, que ha suspendido las ayudas a la central para cursos de formación y ha abierto una investigación por posible uso irregular de fondos europeos. Criticar a Bruselas por curarse en salud mientras investiga es un nuevo error, pues es lo que todas las administraciones deberían hacer en este tipo de casos, si de verdad se quiere erradicar la corrupción.
