La Ley de Mercado Único se publicó en el BOE el pasado día 10, pero las empresas desconfían de su aplicación efectiva. Como era previsible se ha encontrado con la resistencia de las CCAA. Cuatro de ellas -Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco- anuncian recursos por invasión de competencias ante el Tribunal Constitucional.
También hay autonomías que se guardan sus reparos y prefieren dejar que el proceso de negociación para aplicar la nueva ley actúe por sí mismo. El Estado debe acordar con las CCAA la homologación y racionalización de 2.700 normativas. Una tarea muy compleja como para que no se retrase. Por ello, existe una gran incertidumbre entre los empresarios sobre cuándo se empezarán a ver los beneficios de un mercado único.
Por ejemplo, la licencia única en toda España, que es la medida estrella de la nueva ley, no entrará en vigor hasta marzo. Las empresas tienen dudas porque, "a veces lo que se plasma en el papel se aplica de forma diferente" en la realidad. Y no les faltan ejemplos a los empresarios sobre cómo en unas ocasiones la burocracia y, en otras, las parcelas de poder frenan la libertad del mercado, dificultan la creación de compañías y construyen auténticas murallas chinas contra la liberalización de horarios.
En las cuatro autonomías que se han rebelado abiertamente contra la ley de unidad de mercado se dan muchas de estas situaciones que impiden un mayor crecimiento económico y van en dirección contraria al mercado globalizado y abierto al que se encaminan las economías. Para que se implante la unidad de mercado, los dirigentes políticos deben decidir qué priman: su corralito o la actividad económica y la creación de empleo.