La política retributiva que rige para los directivos del sector privado no se puede aplicar igualmente a los sueldos públicos, que pagan los contribuyentes. En el caso de la mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cuyos ingresos provienen de cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios, el Tribunal de Cuentas viene denunciando desde 2009 sueldos que quintuplican al del presidente del Gobierno.
A pesar de que en 2010 hubo un tímido intento de poner límites, fue claramente insuficiente. Las medidas sólo afectaban a los nuevos directivos -no podían ganar más que un director general de la Seguridad Social- mientras que el resto mantenía los derechos adquiridos. Pero la reforma del sector público debe llegar a todos los ámbitos y es positivo que Empleo aborde este asunto espinoso y desafíe las presiones, que las hay y muy fuertes. Poner orden en los sueldos de los directivos de las mutuas es fundamental en un momento en que la Seguridad Social está en déficit.
La ministra de Empleo debe combinar el diálogo con las mutuas, cuya colaboración es fundamental para el sistema, con la exigencia de que asuman las reformas del sector público. Las medidas, que se aprueben hoy por el Consejo de Ministros, serán más efectivas en tanto no se limiten solo las retribuciones básicas y complementos, sino que se ponga coto también a los pagos en especie -seguros de vida, tarjetas de gasolina o gastos de representación- más difíciles de controlar y más costosos.
