Repsol no quiere activos ni bonos futuribles de un país como Argentina cuyo Gobierno apenas puede mantener su débil economía a flote; Repsol (y de manera especial Antonio Brufau) quiere cobrar urgentemente los 3.700 millones de euros (5.000 millones de dólares) que le adeuda el país austral por la expropiación de YPF y poner punto final a un conflicto internacional. Y quiere cobrar ya, aunque sea con quitas. Es el único objetivo del equipo desplazado a Buenos Aires para cerrar los últimos flecos del acuerdo.
Es cierto que deja pérdidas a la petrolera ya que además de una quita en la indemnización como consecuencia de cobrar anticipadamente, Repsol renuncia también a los intereses del bono a 10 años, fijados al 8,75% (unos 327 millones de euros). Aunque no hay que negar la buena voluntad del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner -de algo ha servido la implicación del ministro José Manuel Soria y del propio presidente Mariano Rajoy- , lo cierto es que las arcas kirchnerianas no dan ninguna confianza desde hace muchos años.
Los argentinos han tenido que enfrentarse durante muchas décadas a la hiperinflación, un mal recurrente en el país, cuyos gobernantes insisten en gastar más dinero del que tienen en el presupuesto y su deuda (con peor calificación que el bono basura) no tiene mercado, lo que le cierra todas las puertas para poder acudir a los mercados a financiarse y le deja al albur de una política lampedusiana, que reforma parte de las estructuras para conservar el todo sin que nada cambie realmente. Y, tristemente, con estos antecedentes, más vale un mal acuerdo que un buen litigio. Puede que no sea lo mejor, pero es sin duda lo más sensato y razonable.
