Como dice García-Margallo, los gobiernos regionales "siguen colando por la puerta de atrás" acuerdos internacionales que son competencia exclusiva del Gobierno. De hecho, a la espera del proyecto de ley de Tratados que exige a las CCAA informar al Estado, la política exterior de las autonomías ha generado nada menos que 300 acuerdos internacionales sin haber recibido permiso ni de Exteriores ni de Hacienda. La situación de las arcas no está para derroches ya que estos tratados pueden generar obligaciones tanto económicas como jurídicas para el Estado. Reconducir esta situación va a ser difícil por la resistencia de las autonomías a clarificar la situación, que pasa ineludiblemente por el cierre de las embajadas autonómicas.
