Por primera vez durante la crisis la apelación al crédito de las Administraciones Públicas ha empezado a caer, un 17,19% desde agosto del año pasado. Una situación muy distinta de la que se había producido hasta esa fecha, en que el Estado, las CCAA y las corporaciones locales no habían hecho más que incrementar su deuda con las entidades financieras. En 2007 el crédito solicitado a entidades de depósito ascendía a 38.755 millones y fue aumentando con fuerza hasta los 106.285 millones de junio del año pasado, que marcaron el punto álgido a partir del cual la apelación del crédito de las administraciones empezó a descender hasta los 88.641 millones actuales.
Esto indica que el sector público está drenando menos la escasa financiación que hay en el sistema, pero también que se ha producido cierta mejoría. En gran medida impulsada por dos hechos fundamentales: la puesta en marcha de los sucesivos planes de proveedores y la bajada de la prima de riesgo, que ha facilitado la financiación del Tesoro en los mercados. Con los planes de proveedores, que empezaron a fluir en la primavera de 2012, Montoro ha facilitado financiación barata a CCAA y ayuntamientos e inyectado 78.000 millones en la economía. Aunque algunas autonomías, como Madrid, han preferido acudir a los bancos y pagar más para zafarse del control de Hacienda.
El crédito para empresas y particulares tardará todavía en normalizarse, pero es innegable que una menor participación de las administraciones da más posibilidades al sector privado, en pleno proceso de desapalancamiento. Un camino contrario al del sector público que, a pesar de la menor apelación al crédito, sigue aumentando su endeudamiento, que sólo podrá bajar con la reducción del déficit.