Las administraciones locales han creado una red de 4.001 organismos (empresas públicas y organismos autónomos), que deben desaparecer, en caso de no ser rentables antes del 1 de agosto de 2015. Forman casi una administración dentro de otra, por donde se cuela el gasto público con mucho menos control que al que están sometidos los ayuntamientos. Cataluña concentra el 18,6% del total (746 entes) y Andalucía, el 20,7%. Curiosamente en esta autonomía hay más entes -828- que municipios -795-. Se trata de organismos en pocos casos necesarios y en la mayoría, prescindibles. Aunque está prevista su supresión, el plazo para hacerlo es muy dilatado y puede que la reforma se diluya con el cambio de legislatura y la recuperación económica.