En 2015 todas las facturas entre las Administraciones Públicas y sus proveedores tendrán que ser electrónicas. Este mecanismo reducirá en 39 millones de euros los costes administrativos, pero es poco utilizado por las CCAA con excepción de Cataluña y Madrid. Apenas un 6% de las facturas son electrónicas, a pesar de que en 2007 España fue pionera en su implantación que luego se retrasó. La factura electrónica también pretende acabar con las facturas en el cajón y permitirá a la Agencia Tributaria controlar la deuda pendiente. No se explica por qué y en base a qué falso concepto de ahorro no se activó antes un mecanismo que podría haber evitado los problemas de pago a proveedores, que han enmascarado un ingente volumen de deuda estos años.
