Cristóbal Montoro anunció esta semana que los funcionarios podrán recuperar en los próximos años los moscosos que han perdido en los ajustes de la Administración. Estas declaraciones tienen una mayor carga de profundidad de la que aparentan. Implican una renuncia a los ajustes realizados en la racionalización de la jornada laboral. También se pueden interpretar como el anuncio de un largo periodo de salarios congelados, en el que los políticos volverán a utilizar los días de asueto como moneda de cambio en la negociación laboral.
Cerrar el agujero de las cuentas públicas todavía va a suponer años de sacrifico en el capítulo de gastos de personal. Entre otras razones porque no se acaba de concretar la necesaria reforma de las Administraciones, a pesar de que las cifras son suficientemente elocuentes como para haberla acometido antes. Entre 2006 y 2010 el gasto en personal de las Administraciones Públicas creció un 28%, pero en 2013 todavía supera un 18% los niveles de antes de la crisis.
El esfuerzo se ha centrado en la congelación salarial, la supresión de contratos temporales -aunque el exceso de asesores no se ha tocado- y en la limitación del reemplazo de los funcionarios que se jubilan. No se ha procedido a una reforma a fondo para tener una Administración de menor tamaño, más efectiva y con funcionarios bien pagados. Mientras, la reforma local se diluye en el trámite parlamentario y la de la Administración se demora en el trabajo de comisiones y observatorios que nunca concluyen. La legislatura avanza y el Ejecutivo ha reformado otros ámbitos -financiero, laboral-, pero no se ha atrevido con las presiones políticas para reformar lo que tiene más al alcance.
