El tiempo pasa y el proyecto de Unidad de Acción Exterior, proyectado por el ministro Juan Manuel García Margallo se desdibuja. Las CCAA siguen manteniedo sus oficinas de representación en el exterior y el Ministerio no consigue evitar esta flagrante duplicidad de funciones. Hasta las cifras del coste de esta representación exterior paralela son poco clarificadoras.
Exteriores asegura que integrar las 149 embajadas autonómicas en las 118, que tiene España repartidas por el mundo ahorraría 10 millones anuales. Una cifra que sólo tiene en cuenta el coste de las instalaciones e ignora el gasto de personal, el consumo de bienes y servicios y otros gastos que requiere su funcionamiento. En un cálculo oficioso elaborado por el PP en 2010 se estimaba que el coste de la representación exterior de las autonomías se podía situar fácilmente en 150 millones. Exteriores deja a la voluntad de las CCAA integrar sus representaciones en las embajadas con nulo resultado. No se trata sólo del gasto extra que supone esta doble representación. La cuestión es la incoherencia que representa mantenerla, porque debilita la política exterior y la actuación comercial fuera de nuestras fronteras. Hace meses desde esta mismas páginas planteábamos que si las CCAA no se sienten suficientemente representadas es obligación de Exteriores averiguar la causa y arbitrar soluciones. Parece que nada se ha avanzado al respecto. Ni tampoco ha habido cambios y valentía para destapar los casos en que bajo la apariencia de difusión de la actividad económica en el exterior se esconden otros intereses políticos y un refugio dorado, donde asilar laboralmente a los afines que se han quedado sin cargo público en el interior.
