El plan de reducción del déficit que el Gobierno remite a Bruselas estipula que entre 2014 y 2015 las CCAA deberán ajustar 8.000 millones. Esto afortunadamente va a permitir pocas alegrías en años preelectorales, pues obliga a repartir 4.000 millones cada ejercicio y exige que más de la mitad del ajuste se produzca por la vía de los ingresos. Un objetivo difícil cuando el sistema de financiación hace aguas y del inicio de la recuperación económica no se puede esperar un cambio radical en la recaudación. La realidad es que aguardan muchos años de esfuerzo continuado por el elevado nivel de déficit, que no se reduce sólo con ajustes. Son necesarias reformas del sector público, fiscal y autonómico para tapar el agujero presupuestario.
