Las grandes empresas españolas son las que más tardan en pagar sus facturas a los autónomos y pymes. Pese a que la Ley de Morosidad establece un plazo de 60 días, las corporaciones lo hacen en 124, un tiempo que asfixia a las pymes. Se pone así de manifiesto la posición de poder de las grandes frente a las pequeñas y la falta de elementos de control que demuestran que no vale con dictar leyes. Las grandes corporaciones tienen una gran responsabilidad en esta crisis y en la solución de la misma, y qué mejor que hacerlo cumpliendo en pagos y en plazos. Este aviso sirve también para las administraciones públicas, que tardan casi cinco meses en pagar a los autónomos, cuando la Ley habla de un mes. Deberían predicar con el ejemplo.