¿Cuánto tiempo puede aguantar un país con un déficit en torno al 6 o 7% y con una deuda cercana al 100% del PIB? La situación actual no es sostenible y arreglarlo no se puede diferir a la próxima legislatura. Estos desequilibrios dejan al Gobierno sin herramientas para tomar medidas de política económica para impulsar el crecimiento y combatir el paro. Cristóbal Montoro ha olvidado que este era su principal reto cuando accedió al cargo.
Las cifras hablan por sí solas. En los ocho primeros meses de 2013, el Estado ha sobrepasado en ocho décimas el 3,8% de déficit fijado para todo el año. Aun cuando la ejecución presupuestaria oscila, en función de los devengos de ingresos y de la realización de pagos, todo hace prever que tampoco este año se cumplirá lo pactado con Bruselas. El ministro cuenta con el alivio que proporcionará la bajada de los intereses de la deuda y una mayor recaudación por IVA en diciembre al no haber suprimido la paga extra de los funcionarios.
No se puede fiar la reducción del déficit a hipotéticos crecimientos de la recaudación y descuidar los ajustes de gasto. Hacienda parece haber dado por concluido el tiempo de las reformas, ya ni se habla de cambios en la fiscalidad o en las Administraciones Públicas. Las CCAA, que por el momento cumplen el objetivo de déficit, juegan a la contra de Montoro con el anuncio de rebajas de impuestos, que en algunos casos tienen más de oferta electoral que de apuesta fiscal coherente. Valencia ofrece bonificaciones en 2015, mientras guarda facturas en el cajón. En este contexto, Rajoy anuncia una revisión al alza del PIB sin tener en cuenta que el descontrol presupuestario siega la hierba bajo los pies del Gobierno.