La economía sumergida representa en España el 18,6% del PIB, que equivalen a 200.000 millones de euros anuales que escapan al control de Hacienda. Esto nos sitúa en la media comunitaria, pero nos aleja de los principales países como Alemania (13%), y Reino Unido y Francia (10%). Con solo bajar el nivel de fraude al de Alemania, Hacienda incrementaría la recaudación en unos 20.000 millones anuales. Propician esta situación una legislación laboral excesiva e ineficiente; unos impuestos muy altos, y un grado alto de aceptación social de la economía sumergida. La solución: una reforma fiscal que baje impuestos y una simplificación de trámites laborales. Sólo queda que Hacienda en vez de subir la tributación acometa los cambios.