Durante años las CCAA apenas subieron o bajaron impuestos. Hasta 2009 tampoco disponían de un marco jurídico que les permitiese actuar demasiado sobre los ingresos, pero a partir de ese año con el nuevo sistema de financiación tuvieron capacidad para crear sus propios tributos y complementar las transferencias con cargo a los gravámenes estatales. Una herramienta cuyo utilización se ha acelerado con la crisis. Desde 2010 las autonomías han creado 40 nuevos impuestos y tasas dentro de su ámbito territorial. De ese total de nuevos tributos, 33 corresponden a los ejercicios 2012 y 2013. Castilla y León, Cantabria y Madrid son las que menos uso han hecho de esta herramienta, frente a Andalucía y Cataluña, que son las que más.
La crisis ha sido determinante en la creación de nuevos impuestos. Las exigencias de cumplir con el objetivo de déficit impulsaron una carrera por aumentar los ingresos para eludir los recortes en el gasto. Se ha incidido en la sanidad y en la educación, pero se han mantenido básicamente las estructuras administrativas de antes de la crisis.
El Estado ha conminado a las autonomías a reducir empresas y organismos públicos sin gran efectividad, quizás porque tampoco desde la Administración central se daba ejemplo. La conclusión es que ninguna autonomía ha emprendido una reforma a fondo de su sector público y se han lanzado a crear y subir impuestos. Una política que ha perjudicado el consumo y la actividad económica y no ha incrementado la recaudación. Ahora que se ven en el horizonte las elecciones autonómicas de 2015 se empiezan a anunciar bajadas de impuestos. A ver si es verdad que cambian de política, aunque se haga por motivos electorales.