Los cambios efectuados en la nueva Ley de Cámaras suponen una revolución, que a la larga desembocará en un menor número de las mismas con un papel más definido y un sistema de financiación más acorde con los tiempos. Las Cámaras estarán más pegadas a la realidad de las empresas y centrarán su actuación en ayudar a la internacionalización y a la competitividad de las pymes. Se acaba también con la dependencia de estas instituciones de los recursos públicos: las cámaras vivirán de los servicios que presten. Este cambio marca una línea de actuación que deben seguir otras instituciones, como sindicatos y patronal, cuya financiación en la incipiente democracia se colgó de los presupuestos. Las razones que lo justificaban ya no existen.