El juez Pablo Ruz va a llegar muchos años tarde al embargo que con toda probabilidad dictará sobre los bienes de Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova, si mañana no deposita los 350 millones de fianza que le demanda. El empresario, que aún detenta el 7,5% de la multinacional, se ha encargado de poner sus bienes a buen recaudo. La mayor parte de su patrimonio -la vivienda familiar de Vigo y un pazo del siglo XVIII- está a nombre de su mujer, Rosario Andrade, con la que ha firmado un acuerdo de separación de bienes. Las posesiones de Sousa se limitan a una finca de más de 500.000 metros cuadrados en El Escorial (Madrid) y algunos terrenos, que comparte con sus hermanos. Un sistema muy utilizado por los que temen que un día pueda recaer sobre ellos la acción de la justicia.
A pesar de que Sousa ha pedido perdón por su desastrosa gestión de una compañía puntera en su sector, no está claro que no siga maniobrando en la sombra para apoyar un nuevo consejo de administración desde el que pueda seguir manejando los hilos. La composición del órgano rector se decide hoy. Hay una gran expectativa no exenta de sobresaltos. Ayer uno de los grupos con más opciones para hacerse con la dirección de Pescanova sufrió un duro revés. El juez Ruz, en un proceso aparte, concluyó que hay motivos para que se juzgue por fraude fiscal al padre de Demetrio Carceller, otro de los socios de referencia a través de la participación de Damm. Los accionistas de la multinacional pesquera gallega tienen el compromiso de elegir hoy un consejo de administración libre de sospechas que reflote la multinacional. Mientras la justicia, a pesar de las trabas que se quieren poner, se encarga de dilucidar responsabilidades.
