El conflicto abierto con Gibraltar a cuenta del lanzamiento de 70 bloques de hormigón en el caladero que emplean los pescadores de la Línea puede acabar tocando al juego online, una de las principales fuentes de ingresos de la vieja colonia inglesa. La Guardia Civil tiene constancia de que decenas de empresas ilegales operan desde allí una actividad comercial, que en algunos casos se encuentra estrechamente ligada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de armas y drogas. Pero este grupo solo es una cara de la moneda, de la que forman parte otras muchas sociedades que además de tener fijada allí su residencia fiscal pagan impuestos en los países donde operan.
La distinción es importante porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reconocido recientemente que quiere introducir modificaciones a la Ley del Juego aprobada por el Gobierno en 2011. En principio, los cambios irían destinados a obligar a las compañías a pagar en todos los países donde explotan sus negocios. Una decisión incomprensible que persigue poner límites a una actividad planetaria desarrollada a través de Internet.
El Gobierno ya lo intentó y, fracasó estrepitosamente, cuando su ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quiso poner puertas al campo con las descargas a través de la Red. Y volverá a hacerlo si orienta la modificación de la vigente ley en un sentido restrictivo. Gibraltar es una paraíso fiscal en materia de juego que cuenta con la aprobación de la UE desde hace años, aunque con una normativa poco clara. Las intenciones del ministro Margallo de modificar la ley parecen encaminadas a desviar la atención sobre otros problemas de mayor alcance y calado.
