La nueva Ley de Morosidad no funciona todo lo bien que debiera, al menos en el sector de la construcción, que arrastra impagos por valor de 48.000 millones con su cadena de proveedores. Un volumen insostenible que ha propiciado la desaparición de 88.420 puestos de trabajo. Además de no pagar, cuando lo hacen es muy tarde, porque el plazo medio se ha disparado hasta los 277 días frente a los 30 previstos por la ley.
Romper la cadena sigue siendo muy fácil, aunque las consecuencias resultan catastróficas para la economía. Por todo ello es necesario que el Plan de Pago a Proveedores incluya medidas para garantizar que el cobro de facturas pendientes alcance no sólo a los contratistas directos, sino también a subcontratistas y proveedores.
