Desde 2008, año en que comenzó la crisis, los sindicatos españoles han recibido la friolera de 1.250 millones en concepto de subvenciones por parte del Estado. Una cuantía a todas luces excesiva, que contrasta con las subidas de impuestos que empresas y trabajadores han sufrido en el mismo periodo y sobre cuyo destino final han aportado escasa información. Un descontrol al que se ha comenzado a poner coto, con un recorte del 44% desde el ejercicio 2011. La Ley de Transparencia, en trámite parlamentario, someterá las cuentas de los sindicatos y entre otros aspectos les obligará a detallar el número de liberados y las actividades de formación. Las cuotas sindicales deben recuperar su sentido histórico como mecanismo de financiación.
