Los interventores no gozan de buena fama entre algunos políticos y funcionarios. El motivo es su celo profesional que enfrenta a quienes tienen que tomar decisiones con los límites presupuestarios y legales. En el caso de los ERE de Andalucía, la Intervención advirtió repetidamente que se conculcaba la legalidad, pero los sucesivos responsables de Hacienda parece que lo ignoraron.
Ayer el presidente de la Junta de Andalucía anunció oficialmente que deja el cargo y da paso a Susana Díaz, pero rechaza que lo haga por temor a verse imputado, como su antecesora Magdalena Álvarez. Griñán, que es inspector de trabajo, sabe que desoír a la intervención contraviene las normas, tiene consecuencias y abre la puerta a la corrupción. Razones suficientes para irse.
