La reforma energética se ha convertido en un verdadero viacrucis para el Gobierno. La tensión entre Hacienda e Industria ha sido constante, mientras sus titulares Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, se peleaban por repartir la carga del déficit de tarifa. De los 4.000 millones de agujero que se generan al año, una buena parte corresponde a la compensación por generar energía eléctrica en las islas, lo que se denomina costes extrapeninsulares. Inicialmente se pretendía que el Estado asumiera, vía Presupuestos, alrededor 2.000 millones de déficit. Y esto es lo que suscitó la oposición frontal de Hacienda, que también tiene que pelear con el cumplimiento del objetivo de déficit y rendir cuentas a Bruselas.
Al final, Moncloa ha recurrido a dos hermanos gemelos -el director de la Oficina Económica del Presidente y el Secretario de Estado de Energía, Álvaro y Alberto Nadal- para conseguir un acuerdo en el que no han intervenido los ministros respectivos. Finalmente, Moncloa opta por la vía de en medio y penalizará a todo el sector eléctrico para destinar más recursos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la partida de Empleo, en un momento en que, según Eurostat, España es el segundo país europeo con la tasa de paro más elevada (26,8 por ciento), sólo por detrás de Grecia, y en el que no pocos expertos reclaman una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Así, los 1.800 millones que iban a destinarse en las cuentas del año que viene al sector, se reducen a entre 800 y 1.200 millones. Se echa en falta la definición del mix energético, lo que redundaría en una mayor seguridad jurídica, y una apuesta clara por eliminar subvenciones y acercar el precio final de la energía a su coste real.
