La junta general de accionistas de Bankia celebrada ayer en Valencia estuvo monopolizada por las quejas de los tenedores de participaciones preferentes, aunque también sirvió para confirmar que la entidad no tendrá necesidades adicionales de capital tras los 24.500 millones recibidos. El problema de los preferentistas camina hacia su resolución por la vía gratuita del arbitraje, una opción deseable que algunos abogados se han empeñado en torpedear para recurrir a los juzgados y garantizarse mayor carga de trabajo. La respuesta de Bankia ha sido ampliar hasta el 15 de julio el plazo de los afectados para que puedan reclamar. Preferentes al margen, el banco ha sentado las bases para entrar en una nueva fase que debe estar marcada por la rentabilidad.
