El ministro de Exteriores, Juan Manuel García Margallo rebajó su proyecto de Unidad de Acción Exterior para que las CCAA sigan abriendo oficinas de representación en el exterior aun cuando tengan déficit excesivos, lo que supone un acicate para una duplicación inútil de esfuerzos y un coste difícilmente justificable. No se ponen trabas a estas representaciones, con el argumento de no inmiscuirse en las competencias autonómicas, pero la representación del Estado es misión de las embajadas de España y sus oficinas comerciales.
Curiosamente, tenemos 118 embajadas en todo el mundo mientras las embajadas autonómicas son 150. El Gobierno no dice cuánto cuestan estas oficinas, aunque algunas estimaciones apuntan alrededor de 160 millones por el centenar de embajadas autonómicas con más actividad. La cuestión es si tiene sentido esta doble representación que debilita la política exterior y la acción comercial fuera de nuestras fronteras, que en vez de aunar esfuerzos los disgrega.
Si las CCAA sienten que Exteriores no representa adecuadamente sus intereses comerciales, García Margallo debería averiguar la razón y solucionarlo. El ministro se centra en una huera propaganda de la marca España que no responde a un proyecto serio y fundamentado. Es cierto que bajo la disculpa de la promoción comercial, la proliferación de embajadas autonómicas -de dudosa efectividad- sirve a otros intereses políticos y como refugio para dar una salida laboral a los afines.
Esta situación es el resultado de una política exterior falta de liderazgo, en la que el Estado hace dejación de sus obligaciones. El Gobierno debe aprovechar la reforma del sector público para acabar con esta duplicidad.
