La pereza de Hacienda para meter la tijera en las administraciones públicas cada vez resulta menos consistente. En julio del año pasado un total de 405.000 personas trabajaban en empresas públicas, fundaciones y consorcios creados por las comunidades y los ayuntamientos antes de estallar la crisis. Curiosamente y pese a su abultado volumen, estos trabajadores no figuran en el registro oficial que maneja el departamento que dirige Cristobal Montoro, pero sí en la EPA. Se trata de un 'lado oscuro' de la Administración, cuyos gastos, en algunos casos, computan como déficit. Hacienda debería empezar por reconocer metodológicamente estos empleos públicos, computarlos y ajustar laboralmente este modelo de administración satélite.
