Andalucía inició ayer el procedimiento de expropiación a un fondo de activos hipotecarios para evitar el desahucio de una familia. Coincide con la visita de los representantes de la troika -UE, FMI y BCE- poco después de que Bruselas haya expresado sus dudas sobre el efecto de la medida y su encaje en el Memorándum de ayuda a la banca española. La expropiación por tres años de la Junta de Andalucía afecta solo a hipotecas y no alquileres; exige fijar un justiprecio que paga quien iba a ser desahuciado, y un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos. No tiene sentido un procedimiento tan rebuscado. Para evitar la marginación social basta un sistema de ayuda pública, más rápido, menos costoso y con menos riesgo de conculcar la legalidad.
