La empresa Seguriber, con dos imputados por la tragedia del Madrid Arena -fallecieron cinco jóvenes-, sigue adjudicándose contratos públicos. De la Comunidad de Madrid, 362.976 euros y del Ministerio de Educación, 7,1 millones. También la presidenta de Seguriber, Mónica Oriol se mantiene al frente del Círculo de Empresarios, puesto del que hace tiempo debería haber dimitido. Resulta incomprensible que esta empresa siga trabajando para las Administraciones y que la Comunidad de Madrid lo utilice en su particular enfrentamiento con el ayuntamiento de la capital. Es un escándalo que las peleas de partido y las bajas temerarias se sigan imponiendo en contratos que pagan los contribuyentes y cuya adjudicación se debe revisar.
