La economía sumergida es un problema de primera magnitud en España que sigue sin atajarse, al menos parcialmente. Representa el 18,6% del PIB, el equivalente a 196.600 millones, casi nueve veces el valor del rescate concedido a Bankia. La construcción y la hostelería concentran casi el 50% de este fraude masivo, que año tras año empobrece y lastra el desarrollo económico del país. No hay recetas mágicas para acabar con este cáncer maligno que afecta al resto de Europa en igual proporción. Pero frente a esta dificultad manifiesta, el Gobierno no ha sabido aprovechar en su justa dimensión el desarrollo del Plan Nacional de Reformas para introducir medidas para reducir el fraude y bajar la presión fiscal sobre las empresas.
